El gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Dr. Vicente Guzmán Borbotó, en un documento firmado aclara versiones emitidas por un dirigente laboral extranjero y otros invitados por el denominado Comité para el Desarrollo, en el evento realizado el 04 del presente mes en el auditorio de un hotel de Machala, afirmaciones que fueron difundidas en ciertos medios de comunicación.

El funcionario, en carta enviada a los diarios El Nacional y Opinión de El Oro donde se publicaron dichas versiones, fundamenta su afirmación en 10 numerales y finaliza diciendo que con la Alianza Estratégica Público – Privada, cuyo proceso está en marcha, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar multiplicará los ingresos económicos lo que favorecerá a El Oro y el resto del país, así como al Gobierno provincial y a la municipalidad de Machala, instituciones que se benefician con el 10% de los ingresos anuales de dicha entidad.

Su punto de vista se concreta en lo siguiente: 1.- No es verdad que se va a privatizar Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 2.- La vigente Constitución de la República, aprobada en Referéndum el 2008, desaparece la figura jurídica de la privatización en el país. 3.- El Artículo 314 de la Constitución es sumamente claro y dice: “El estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y lo demás que determine la Ley”. En el segundo inciso del mismo artículo constitucional, en la parte final señala “El estado dispondrá que los precios y las tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación”.

Continúa: 4.- Reiteramos, en el proceso de la Alianza Estratégica Público – Privada, que está en marcha, no existe ningún intento de privatización de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Todo es constitucional y legal. 5.- En el artículo 316 de la Carta Magna se dice también que “El estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de los servicios públicos”. El proceso para la indicada delegación se lo expone y se lo norma en el Código Orgánico de la Producción, en el Reglamento de Delegación del Servicio de Transporte expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 810 del 19 de julio de 2011 y en el Reglamento del Régimen de Colaboración Público – Privado, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 582 del 18 de febrero de 2015. 6.- Las tres normas citadas anteriormente: la una Ley Orgánica (Código de la Producción) y los dos Reglamentos indican claramente que en el caso de los puertos la Alianza Estratégica Público – Privada, es una de las formas de delegación y ese es el caso del proceso que se está llevando a cabo en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. NO ES PRIVATIZACIÓN, porque privatizar significa pasar al sector privado indefinidamente por medio de una transferencia total los activos y la gestión del servicio para un manejo absoluto. Eso no va a ocurrir, porque, la Constitución del 2008 prohíbe las privatizaciones.

7.- Se dice que “las inversiones también tienen depreciación en infraestructuras, equipos mecanizados y mano de obra”. Eso no es noticia, lo dice el sentido común, pero el sentido común – como dijera el célebre Antonio Gramci – no siempre puede ser confiable porque muchas veces recoge prejuicios sociales e ideológicos y se aparta de la valoración racional y objetiva, técnica y científica. En este caso, las condiciones que primarán en cualquier decisión de la

contratación o del arrendamiento de las instalaciones portuarias bajo la modalidad de Alianza Estratégica Pública Privada, estarán contempladas en función de los intereses colectivos.

A más del control estatal, las condiciones contractuales incluirán el mantenimiento o renovación obligatoria de la maquinaria y de toda la infraestructura, lo que es exigencia lógica para que se puedan ver los beneficios para el estado y para el socio estratégico que paga la renta. Las cláusulas del contrato serán claras: si se daña algo hay que arreglarlo o reemplazarlo con algo nuevo. Es que si termina la vida útil de cualquier equipo mecanizado o de lo que sea, hay que renovarlo. Eso es elemental. Refiriéndose a la mano de obra, igual, existe la seguridad social y el Código Laboral para que quien envejece o cumple sus años en el trabajo se jubile y se lo liquide de acuerdo a sus derechos adquiridos, eso también es elemental. No se están vendiendo las instalaciones portuarias, se está buscando la modernización en el servicio para dar más cobertura y para que los ingresos económicos se multipliquen, sin menoscabar los intereses de la clase obrera, ni de nadie.

Puntualiza: 8.- Nosotros comprendemos la preocupación de un sector de la población orense, pero el Gobierno Nacional identificado con las grandes mayorías, siempre procede para servir a todos. En este caso lo que se busca es un socio estratégico para mejorar la gestión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y tener competitividad internacional. Eso es beneficioso para la comunidad porteña así como para el resto de la provincia y del país. Con mejor infraestructura, con la modernización de los servicios, incorporación de maquinarias, con la multiplicación de los ingresos, lógicamente que estamos tratando de convertir a nuestro puerto en uno de los principales, no sólo del país sino a nivel internacional.

9.- Además, hay que puntualizar que, nunca existió la posibilidad legal de privatizar los puertos, ya que el Reglamento General de la Actividad Portuaria vigente desde el año 2000 y publicado en el Registro Oficial Nro. 97 del 13 de junio de ese año, en su artículo 4 numeral 1 indica que: “… los puertos comerciales, estatales del Ecuador serán de titularidad estatal y se regirán por el modelo internacionalmente conocido bajo la denominación Landlord o puerto propietario…”, es decir, la APPB siempre va a ser del Estado, por lo mismo no se puede transferir mediante la figura de privatización porque el Estado siempre va a ser el propietario.

10.- La propuesta de la iniciativa privada denominada “Proyecto de Modernización de Puerto Bolívar” presentada por el grupo Yilport Holding está en revisión y es de interés público, cuenta con la viabilidad técnica, económica y jurídica. Por lo mismo está incluida en el registro de proyectos a cargo de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y nuestro deber como orenses y ecuatorianos es velar porque el procedimiento se cumpla con honestidad, pensando siempre en los intereses colectivos. Con esa conducta ponemos la cara al viento y decimos públicamente que corrientes ideológicas y políticas del pasado, sin razón y sin fundamento técnico y jurídico, se oponen a todo el desarrollo de la provincia y puntualmente al de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. El estado regulador y controlador siempre estará presente observando y fiscalizando el procedimiento de quien resulte nuestro socio estratégico.

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